Burlando las guardias del Edificio de Tribunales de calle Rivadavia y del Palacio de Justicia –que se vieron excedidos y desbordados en numero-, procedieron a irrumpir y circular con bombos, bocinas y demás elementos sonoros, impidiendo con este accionar el normal servicio de Justicia en los distintos juzgados y dependencias de funcionarios, que este Superior Tribunal garantizó –ante el anuncio de huelga profusamente difundido– a la comunidad toda y en particular a los justiciables con causas en trámite en esta sensible época de fin de año.
Más grave aún, mediante este accionar agrupado, cobarde, violento, desafiante, provocador y claramente amedrentador para magistrados, funcionarios -y agentes que no adhirieron al paro- produjeron -entre otros perjuicios- la suspensión de los exámenes que el Consejo de la Magistratura de la provincia estaba tomando a Magistrados y Funcionarios que aspiran a cargos del Tribunal de Impugnaciones y Colegio de Jueces.
Todo, con plena conciencia de su ilícito accionar patoteril, desdibujando sus individualidades en el anonimato y la impunidad que les da el grupo, al regodearse de la interrupción subiendo a las redes sociales el momento en que la Sra. Presidente del Consejo de la Magistratura -Dra. Monte Riso- explicaba a los atónitos catedráticos seleccionados como jurado técnico, las razones de esta interrupción.
Coadyuva en la certeza de lo que aseveramos, la conducta desplegada el primer día de paro -9 del corriente- al dirigirse en manifestación a Instituciones como el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis para imputarles “traición y demás epítetos irreproducibles” por no apoyar este infundado, injustificado e ilegal paro.
El derecho de huelga es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, eso sí, regulando el mantenimiento de servicios si estos son esenciales y en este caso: las garantías precisas articuladas por este Superior Tribunal para asegurar el mantenimiento de los servicios de Justicia a la comunidad fueron ilegalmente obstaculizados y detenidos al impedir -en los hechos- la tarea judicial en las dos últimas horas de mayor labor diaria.
El vandalismo puede ocurrir en cualquier momento, como en el caso, cuando las barreras comunales -el sentido de respeto mutuo y las obligaciones de civilidad- se reducen con acciones que indican que “no les afectan las consecuencias” a quienes la producen, incluyendo a quienes hoy -por mandato legal- son funcionarios.
El resto de nosotros, incluidos los agentes judiciales que no adhieren a la ilegal medida, reconocemos la importancia de mantener intactos, los valores de civismo y respeto.
Entendimos y entendemos que el camino del diálogo -al que permanentemente instamos- es el correcto para solucionar los diferendos que pudieren producirse, pero nunca lo será el ilegal ingreso a dependencias públicas donde se presta un esencial servicio, con notorio peligro para derechos y libertades de terceras personas, con utilización de violencia, coacciones y amenazas. Censuramos el uso de la fuerza, prepotente actitud propia de los grupos intolerantes que desean hacer prevalecer sus ideas, último recurso del ser humano, sello identificatorio de los soberbios que pretenden ser dueños de las conciencias de los demás.
Son conscientes de que la expresión violenta nunca puede sacar razón alguna de su fuerza, la única medida de fuerza legitima es la que estriba en la razón, a pesar de lo cual insisten de manera ilícita e infundada.
El Superior Tribunal de Justicia no tolera ni tolerará desmanes y abusos en las sedes del Poder Judicial como los provocados desatinadamente por el Sindicato de Judiciales Puntanos, los que exceden de manera notoriamente ilícita el derecho a la crítica contra quienes cumplimos roles institucionales en la función jurisdiccional.
Los diferentes sectores y operadores forenses deben estar, ante todo, comprometidos en la defensa del estado de derecho contribuyendo, eficazmente a la realización de los fines constitucionalmente enunciados en el Preámbulo, entre los que destaca el de afianzar la justicia, exigible obligación jurídica incumplida por el Sindicato.
Por ello instamos a que asuman una actitud racional, cívica y esencial a favor de las Instituciones constitucionales.
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