INFORME DE PRENSA
En representación del Poder Judicial de San Luis, y en su carácter de vicepresidente, participó del encuentro el Dr. Omar Esteban Uría
El viernes 25 de septiembre, la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –JU.FE.JUS.- mantuvo un encuentro en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
La reunión fue encabezada por el presidente de JU.FE.JUS., Dr. Rafael Gutiérrez – presidente del STJ de Santa Fe-, y el vicepresidente, Dr. Omar Esteban Uría – presidente STJ San Luis-.
Como resultado de la reunión, la JU.FE.JUS. elaboró la siguiente acta, que a continuación se publica:
JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES
DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS
Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Santiago del Estero, 25 de septiembre de 2009.
DECLARACION DE LA JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Reafirmando los criterios expuestos en nuestras anteriores declaraciones y con apoyo en las conclusiones elaboradas en las Conferencias Nacionales de Jueces convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordamos que la independencia de los jueces es un pilar esencial del estado de derecho. Esa independencia puede ser afectada de modos diversos, tanto por presiones de los poderes políticos, supuesto quizás el más grave, como por grupos privados con capacidad para generar acciones que ponen en riesgo la persona, la honra o los bienes de los jueces, acciones que frecuentemente vienen estimuladas o resultan aprovechadas por dichos poderes, así como por injustificadas afectaciones presupuestarias.
La manifestación de un eventual desacuerdo con la decisión judicial, debe canalizarse a través de los recursos y procedimientos previstos en la ley para que las instancias judiciales superiores (local y nacional, en su caso) revisen las resoluciones impugnadas. Este es el sistema vigente en el estado de derecho, como el método de resolver pacíficamente las controversias y contribuir a la paz social.
El enjuiciamiento de la conducta de los magistrados debe ser instrumentado por los medios previstos por las respectivas constituciones a ese fin.
En el marco de estos principios, la imputación hecha por el Gobernador de la Pcia. Del Chaco, a los ministros de su Superior Tribunal, de haber incurrido en una conducta golpista inducida por una dependencia a un sector político opositor, eludiendo, en cambio, acudir a los mecanismos constitucionales y/o legales ya señalados, constituyen una incursión en terrenos vedados por el compromiso de organizar su administración de justicia, que asumen las provincias, a la luz de lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional, como responsabilidad para el goce de sus instituciones.
Esto es más grave aún cuando se inscribe en un clásico operativo de descrédito dirigido contra los jueces, aprovechando o estimulando con ese propósito las conductas de grupos, a veces los que resultaron perdidosos en los litigios en que intervenían, otras quienes encubren reclamos sectoriales buscando verlos satisfechos mediante estas presiones empleadas extorsivamente. Estos hechos se replican, lamentablemente, en otras provincias.
Por ello, esta Junta Federal exhorta a todos los sectores interesados, a la prudencia y respeto a las instituciones, señalando que los cuestionamientos deberán enmarcarse en los mecanismos enunciados precedentemente; confiando que los diversos sectores disidentes eviten conductas impropias, susceptibles de alterar el estado de derecho, la credibilidad de las instituciones y la pacífica convivencia.
Informe de Prensa Nº 351 San Luis, 28 de septiembre de 2009.
En representación del Poder Judicial de San Luis, y en su carácter de vicepresidente, participó del encuentro el Dr. Omar Esteban Uría
El viernes 25 de septiembre, la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires –JU.FE.JUS.- mantuvo un encuentro en las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
La reunión fue encabezada por el presidente de JU.FE.JUS., Dr. Rafael Gutiérrez – presidente del STJ de Santa Fe-, y el vicepresidente, Dr. Omar Esteban Uría – presidente STJ San Luis-.
Como resultado de la reunión, la JU.FE.JUS. elaboró la siguiente acta, que a continuación se publica:
JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES
DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS
Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Santiago del Estero, 25 de septiembre de 2009.
DECLARACION DE LA JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Reafirmando los criterios expuestos en nuestras anteriores declaraciones y con apoyo en las conclusiones elaboradas en las Conferencias Nacionales de Jueces convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recordamos que la independencia de los jueces es un pilar esencial del estado de derecho. Esa independencia puede ser afectada de modos diversos, tanto por presiones de los poderes políticos, supuesto quizás el más grave, como por grupos privados con capacidad para generar acciones que ponen en riesgo la persona, la honra o los bienes de los jueces, acciones que frecuentemente vienen estimuladas o resultan aprovechadas por dichos poderes, así como por injustificadas afectaciones presupuestarias.
La manifestación de un eventual desacuerdo con la decisión judicial, debe canalizarse a través de los recursos y procedimientos previstos en la ley para que las instancias judiciales superiores (local y nacional, en su caso) revisen las resoluciones impugnadas. Este es el sistema vigente en el estado de derecho, como el método de resolver pacíficamente las controversias y contribuir a la paz social.
El enjuiciamiento de la conducta de los magistrados debe ser instrumentado por los medios previstos por las respectivas constituciones a ese fin.
En el marco de estos principios, la imputación hecha por el Gobernador de la Pcia. Del Chaco, a los ministros de su Superior Tribunal, de haber incurrido en una conducta golpista inducida por una dependencia a un sector político opositor, eludiendo, en cambio, acudir a los mecanismos constitucionales y/o legales ya señalados, constituyen una incursión en terrenos vedados por el compromiso de organizar su administración de justicia, que asumen las provincias, a la luz de lo dispuesto en el art. 5 de la Constitución Nacional, como responsabilidad para el goce de sus instituciones.
Esto es más grave aún cuando se inscribe en un clásico operativo de descrédito dirigido contra los jueces, aprovechando o estimulando con ese propósito las conductas de grupos, a veces los que resultaron perdidosos en los litigios en que intervenían, otras quienes encubren reclamos sectoriales buscando verlos satisfechos mediante estas presiones empleadas extorsivamente. Estos hechos se replican, lamentablemente, en otras provincias.
Por ello, esta Junta Federal exhorta a todos los sectores interesados, a la prudencia y respeto a las instituciones, señalando que los cuestionamientos deberán enmarcarse en los mecanismos enunciados precedentemente; confiando que los diversos sectores disidentes eviten conductas impropias, susceptibles de alterar el estado de derecho, la credibilidad de las instituciones y la pacífica convivencia.
Informe de Prensa Nº 351 San Luis, 28 de septiembre de 2009.
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